La Sociedad interamericana de Prensa (SIP) lanzó una campaña de educación pública para promover la libertad de expresión en el espacio digital.
Haciéndose eco de la Declaración, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, ratificó que “si bien el ecosistema digital profundiza un ejercicio más abierto, diverso y plural de las libertades y los usuarios se sienten empoderados para crear, difundir y compartir información, existen nuevos riesgos y amenazas provenientes de actores estatales y privados”.
Bajo la etiqueta #exprésate, la SIP busca crear conciencia sobre los derechos y deberes que tienen los usuarios, medios, periodistas, plataformas digitales y gobiernos en la era digital, principios que la organización detalló en la Declaración de Salta aprobada en su asamblea de 2018, realizada en la ciudad homónima, en Argentina.
Domínguez, directora del diario El País de Cali, Colombia, explicó que con esta campaña la SIP busca poner en ejercicio el principio de la Declaración de que se deben adoptar políticas de alfabetización noticiosa y digital, según expresó en un comunicado.
La campaña de la SIP, por ahora solo en español, durará nueve meses y es organizada por la agencia DSGN. En la página sipexpresate.com los medios pueden descargar banners para sumarse a la campaña. La primera etapa será de divulgación voluntaria de los principios de la Declaración a través de los socios de la organización y en redes sociales. Posteriormente la campaña ofrecerá un concurso para que los usuarios generen contenidos audiovisuales sobre libertad de expresión.
Se suma a esta campaña, un nuevo podcast de la SIP sobre “Logros y retos de La Declaración de Salta“, producido por Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Internet de la SIP y directora digital de la Organización Editorial Mexicana.
La Declaración de Salta estipula 13 principios que llaman a proteger el libre flujo informativo sin importar la plataforma por donde se propague. Expresa preocupación por la excesiva regulación, la diseminación maliciosa de desinformación y los ataques cibernéticos de distinto origen. Entre otros preceptos pide a los gobiernos no penalizar la crítica, establece que el bloqueo y filtrado de contenido constituye censura previa, que la vigilancia masiva no es aceptable y que se debe respetar el derecho al anonimato.